Nueva Ley de actualización del Registro de la Propiedad

Según la Exposición de Motivos, la Ley es urgente y necesaria para poner al día el Registro de la Propiedad

 

Lcdo. Mario A. Quiles

El pasado 10 de mayo de 2010, se refirió a la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico, el Proyecto de la Cámara de Representantes 2683, presentado por el presidente del cuerpo, Tomas Rivera Schatz y otros senadores.

La Ley, según se sometió originalmente, persigue el que se consideren inscritos en el Registro de la Propiedad todos los documentos presentados hasta el 30 de abril de 2010, con excepción de los siguientes; las segregaciones, rectificaciones de cabida o descripciones de remanentes, desarrollo de proyectos, tales como condominios, urbanizaciones y desarrollos comunales, las excepciones incluyen los documentos notificados, caducados o en proceso de recalificación y documentos presentados con posterioridad a la vigencia de esta ley. También se propone disponer de los documentos exentos de esta ley; así como establecer un plazo para la inspección de todos los documentos.

Según lo indica la Exposición de Motivos, la Ley es urgente y necesaria para poner al día el Registro de la Propiedad, y eliminar así el efecto negativo que ese atraso tiene sobre el tráfico jurídico de bienes inmuebles y el desarrollo económico, esta aún sobre el tintero.

Entre las razones para recomendar la medida se menciona como ejemplo que los bancos hipotecarios y los comerciales, quienes prestan capital, tanto para el ciudadano como a proyectos de vivienda o comerciales, lo harán en la medida que tengan la seguridad de que sus inversiones están garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles. Esto nos hace entender, según surge de la propia medida, que el atraso en las inscripciones impide el que los préstamos sobre las propiedades en el Registro de la Propiedad, gocen de garantías reales, y peor aun hacen más difícil el acceso al capital y en su consecuencia, el desarrollo económico del País.

Cifras gubernamentales indican, que durante los pasados 20 años, la aportación al fondo general por el cobro de aranceles ha sido de más de $1,000 millones mientras que el gasto ha sido de unos $300 millones.

Según se indica en la propia exposición de motivos de la medida, aunque se generan ganancias para el gobierno cercanos al 75% del total de los recaudados, debido al atraso de cerca de 600,000 documentos acumulados a través de los años, anualmente se pierden o se dejan de cobrar millones de dólares en aranceles. El atraso no sólo afecta los recaudos económicos del gobierno, también atenta contra el trafico jurídico de las propiedades y lesiona derechos de ciudadanos que en muchas ocasiones esperan entre diez a quince a años y en ciertos casos más, para que sus títulos queden inscritos.

Otros asuntos particulares de la Ley que deben ser analizados, son por ejemplo, el que esta medida sería de carácter transitorio, pues los Registradores tendrán un plazo no mayor de dos años a partir de la vigencia de la ley, para calificar “todos” los documentos que no queden inscritos en virtud de esta ley. Además provee para que la inscripción o anotación del documento inscrito bajo esta Ley, se haga constar mediante una nota al diario del Registro de la Propiedad y en el documento mismo, pero en ningún caso llevará la firma del Registrador, ni sus iniciales.

De otra parte, la ley también provee para que documentos presentados a partir del 1 de mayo de 2010, tengan que ser calificados en un término improrrogable de 60 días laborables. Entre las alternativas que contempla la Ley para proteger los derechos de los ciudadanos, está la corrección en las inscripciones practicadas. Se establece en la medida que aunque se presumieran correctas las inscripciones realizadas bajo la ley, esa presunción de corrección podrá ser reevaluada por el Registrador, a solicitud de la parte interesada durante dos años contados desde la fecha de vigencia de la ley. El Registrador podrá revisar las inscripciones realizadas e incluso dejarlos sin efectos, de éstas ser contrarias a derecho.

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